El Consejo de Estado declaró nulos algunos apartes del pliego de condiciones del tercer canal de televisión y la licitación se cayó. Pero nunca antes se había visto en el país una coreografía informativa tan acompasada y uniforme como la que montaron los actuales canales privados para presionar una decisión del Estado. Por Germán Yances, especialista en televisión.

Privatizar la televisión nunca fue una decisión fácil en Colombia. Durante más de cuarenta años, cada cierto tiempo alguien presionaba para que se adjudicaran canales privados. La única que lo consiguió fue la periodista Consuelo de Montejo, a quien en 1966, durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, le fue entregada una licencia para operar en Bogotá el Canal 9 (Tele Tigre), la cual debió devolver tiempo después por problemas de financiación.

La resistencia a autorizar canales privados tenía que ver con consideraciones políticas e ideológicas del momento respecto del papel del Estado y con el poder de Acotv, el sindicato de trabajadores de Inravisión, que de manera rotunda se oponía a perder el monopolio de la emisión y de la transmisión.

El “revolcón” de Gaviria

Durante la presidencia de César Gaviria se replanteó la función del Estado y en medio de tanta apertura y privatización, el gobierno se dio la pela de autorizar la emisión de los noticieros desde sus propios estudios. Lo demás ya es historia reciente.

La Constitución de 1991 consagró en su artículo 20 la libertad de fundar medios de comunicación, y seis años más tarde la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) en desarrollo de ese mandato constitucional, adjudicó dos canales privados nacionales y posteriormente uno local, en Bogotá.

La decisión de adjudicar uno o varios nuevos canales privados ha sido tratada por el Estado como un asunto puramente económico y no como una necesidad de servicio. Igual sucedió a finales de los años noventa, cuando se adjudicaron los canales RCN y Caracol, que se entregaron para satisfacer la demanda de crecimiento de los concesionarios de espacios de los dos grandes grupos económicos, sin consultar las consecuencias reales que esa medida tendría para el servicio.

Y como a los grupos económicos les alcanza el poder para hacerse blindar legalmente, dejaron en los contratos una cláusula de exclusividad por diez años y en la ley la obligación para el Estado de que la adjudicación de nuevos canales privados estuviera condicionada al crecimiento económico y a la capacidad del mercado publicitario.

No se entiende que se le imponga al Estado la obligación de garantizar la rentabilidad de los inversionistas, desconociendo la inteligencia del capital privado para calcular sus propios riesgos, pero esa ha sido la constante en la ejecución de los contratos de los canales privados. Tanto es así que en una década varios cientos de miles de millones de pesos de los presupuestos de la televisión pública les han sido entregados a los operadores privados, atendiendo conciliaciones en tribunales de arbitramento.

Fuerza vs. Poder

En la práctica, ha podido más la tentación de los gobiernos de mantener el control sobre la televisión que la fuerza del mandato constitucional de garantizar la libertad de fundar medios de comunicación.

Bajo un régimen legal, sin duda más moderno y democrático, que reconoce en la televisión un servicio público vinculado intrínsecamente a los procesos de formación de opinión pública y a la cultura del país, y a pesar de que la necesidad de ampliar el espectro informativo es un hecho apremiante luego de que la privatización concentró las audiencias y redujo el pluralismo informativo, se ha restringido por la vía de las condiciones macroeconómicas el acceso de los colombianos a la prestación del servicio.

El gobierno ha logrado todo eso, de consuno con el Congreso de la República, mediante el sometimiento de la autoridad que debería regular al sector en forma autónoma.

Lo anterior aplica también para el servicio en la modalidad de televisión paga. La ley establece el número de operadores bajo el criterio de garantizar el negocio de los particulares, y por ese camino tener mayor control sobre los propios operadores.

Los pesos pesados del sector

El viacrucis que se vive desde 2009 en el empeño por licenciar uno o varios nuevos canales privados de cubrimiento nacional, es una radiografía del peso de los intereses privados del sector y de la existencia de zonas oscuras en el ejercicio del poder político y de la información.

Ayer como hoy, tampoco la adjudicación del canal local de Bogotá fue fácil. RCN y Caracol trataron por todos los medios de impedirlo, pero la Casa Editorial El Tiempo (CEET) no era ningún pintado en la pared, había cumplido los requisitos y la CNTV no tuvo otra salida que adjudicarlo en medio de la reacción airada de los conglomerados.

La licitación del tercer canal privado logró unir a los competidores RCN y Caracol para enfrentar a una sola voz al Estado y a los jugadores por el nuevo canal. En una esquina, los canales privados, con su gran plataforma de medios electrónicos e impresos; desde la otra, CEET con sus filiales y sus socios en Canal 3 Televisión de Colombia S. A.

Podría decirse que esos dos bandos sumaban la junta directiva del país. En el uno se ubicaban los primos Francisco Santos, entonces vicepresidente de la República, y Juan Manuel Santos, exministro del gobierno de Álvaro Uribe, ya por esos días candidato presidencial. Ellos mantenían alguna participación accionaria en CEET, según lo reveló hace poco La Silla Vacía.

También pertenecían a esa junta Patricio Wills, presidente de RTI, la productora de TV más antigua y reconocida del país; el periódico de mayor circulación en la costa atlántica, El Heraldo; el asesor de comunicaciones Darío Vargas Linares, a través de su empresa Contenido Ltda., quien le ha manejado la imagen a muchos gobiernos; Inversiones Casa Grande, de William Vélez Sierra, hombre muy cercano al expresidente Uribe y a su exasesor José Obdulio Gaviria; y el Grupo Planeta, de España.

En el bando que se oponía a que el tercer canal fuera adjudicado, se sentaban los grupos Ardila Lülle (RCN) y Santo Domingo (Caracol), cuyos propietarios de manera recurrente clasifican en las listas Forbes de los más ricos del mundo y que en Colombia concentran la mayor cantidad de medios y de audiencia.

Todos ellos, los que matoneaban en defensa de un territorio que consideran suyo y los que querían entrar en el negocio, organizaron una muy afinada coral informativa a lo largo del proceso, haciendo equilibrismo en la línea entre la libertad y el abuso.

Calvario jurídico

Venciendo sus propios temores y ante la falta de argumentos para mantener el privilegio de tan solo dos canales privados en un país de cuarenta y tantos millones de habitantes y un ingreso per cápita anual de 5.166 dólares en 2009, la CNTV inició la licitación pública No. 001 de 2009 para adjudicar un tercer canal privado nacional, la cual debió ser suspendida cuando la Procuraduría General solicitó revocar el acto de apertura por razones que tenían que ver con la pluralidad de interesados y oferentes, el mecanismo de la subasta, la existencia de temas no resueltos y la maximización de recursos.

Siete meses después, en mayo de 2010, la CNTV abrió un nuevo proceso, que fue demandado por su acto de apertura y porque el pliego de condiciones permitía adjudicar aunque solo se hubiera presentado un proponente y este cumpliera con los requisitos.

Luego de largos meses de estudio, el Consejo de Estado resolvió, a mediados de febrero de 2012, declarar la nulidad del numeral 4.11 del pliego de condiciones, que permitía adjudicar con un solo proponente, por lo cual se cayó la licitación.

Y es que a mitad de camino   –luego de consultas, audiencias y modificaciones a los pliegos–, dos de las empresas inscritas en el Registro Único de Proponentes: Pacsa (Grupo Prisa y Caracol Radio) y Grupo Rendiles (Cisneros) habían decidido retirarse del proceso, aduciendo falta de garantía jurídica y de transparencia.

Uno de los puntos sin resolver por parte de la CNTV, a juicio de los renunciantes, tenía que ver con los topes y condiciones que establece la ley colombiana para la inversión extranjera en la televisión abierta.

De igual manera, y considerando que tanto RTI como El Tiempo en la actualidad explotan concesiones de televisión, los renunciantes acusaron a la CNTV de no ser clara frente al mecanismo para la renuncia a esas concesiones, porque la ley prohíbe que un operador tenga más de un título habilitante.

Nuevos canales: ¿más de lo mismo?

Dos últimas consideraciones con respecto a un tema que tiene mucha tela que cortar.

La desaparición de un ente complejo como la CNTV   –con autonomía constitucional– y su reemplazo en breve por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) –un organismo más débil y vulnerable por su composición y su forma de elección–aumenta exponencialmente el riesgo de que la adjudicación quede en manos del gobierno.

De hecho, el Ministerio de las TIC habla de la televisión y del futuro proceso licitatorio como si este fuera de su entero resorte. Y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha anunciado que no se adjudicará uno, sino dos nuevos canales.

Con respecto al beneficio para las audiencias de nuevos canales privados, no hay razones para ser excesivamente optimistas. Si no vienen acompañados de un marco normativo que estimule la experimentación y premie la diferencia, nada asegura que vayan a ser distintos.

Lo más probable es que la fuerza del mercado y los hábitos de las audiencias les impidan contraprogramar, y más bien se vean obligados a adoptar una parrilla tipo espejo, que refleje fielmente la programación de los canales actuales.

Quienes sin duda sí recibirán grandes beneficios son los anunciantes, que podrán acceder a audiencias más segmentadas y se liberarán de la dictadura de un mercado tan cerrado, dominado por RCN y Caracol.