LOS CONSTITUYENTES DE 1991 crearon, en los artículos 76 y 77 de la Carta, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), con el propósito, sin duda necesario, de regular este servicio público sin menoscabo de las libertadas alcanzadas.
La Comisión fue dotada de autonomía financiera y administrativa, y estructurada para ser un organismo ejemplar. Difícil hubiera sido pronosticar su decadencia tan sólo veinte años después de su creación. Sin embargo, las denuncias por presiones, irregularidades y despilfarros hastiaron al país, al punto que incluso aquellos que abogaban por una más prudente reforma del ente regulador apoyaron, sin condiciones, su supresión. Fue así que el Congreso —a pesar del complicado escenario de abandonar un presupuesto de 200 mil millones de pesos al año, permeado por el clientelismo— decidió la semana pasada, con 88 votos a favor y tres en contra, separarle su rango constitucional y sacarla de funcionamiento antes de que se complete un lapso de seis meses que comenzó a correr desde la semana pasada.
Ahora, ya fuera de la Constitución, tiene libre las manos el Legislativo para revisar y reasignar las tareas de la CNTV. Un proceso que hay que tener entre ojos si no se quiere que el remedio resulte peor que el mal. Todo puede perderse, menos la autonomía en la regulación y supervisión de la televisión. ¿De qué nos sirven la calidad de la señal digital y la portabilidad de la banda ancha, cuya consolidación anuncian los avances en tecnología, si termina el Estado —más específicamente, el Gobierno— controlando lo que vemos en TV, en los celulares y en la red? Aunque la independencia de los medios de comunicación es por todos valorada, un amplio presupuesto que no proviene de los ingresos generales de la nación y el indiscutible poder de este medio sobre la opinión pública no dejan de ser perversas tentaciones. Más aún, cuando son muchos, además de poderosos, los intereses que se encuentran de por medio.
Y si ya estamos vigilando, ¿por qué no presionar por una televisión más plural? La limitante en este debate ha estado siempre en el apoyo a la televisión pública, regional y nacional. Es por los millones de dólares que pagan por sus licencias los canales privados vigentes que los 11 canales de propiedad de todos han podido financiarse. Y aunque lentamente, éstos han dado resultados. Debería estar fuera de toda discusión que este esfuerzo deba perderse. La televisión pública representa el contrapeso pedagógico e informativo frente a la televisión privada, la cual responde, como le es propio, a las solicitudes de la audiencia. No vale la pena perder lo recorrido, aunque no esté de más revisar cómo seguir de ahora en adelante. El espectro electromagnético es un recurso escaso, hay muchas formas de cobrar por su uso. Lo importante es establecer una que beneficie los más amplios intereses de la nación.
Son dos debates independientes, pero que tienen igual ocasión: sin CNTV, ¿cómo asegurar que la regulación y la supervisión del contenido transmitido no queden en manos del Ejecutivo? Y, sin CNTV, ¿qué vamos a hacer con la televisión pública regional y local? En este momento hay más especulación que proyectos. Además del fantasma de la carga pensional anual de 40 mil millones que dejó en su momento Inravisión. Pero, por aristas que tenga el debate, no puede perderse la oportunidad de ordenar, con reglas claras y garantistas, el manejo de la televisión. Las noticias, por su naturaleza, siempre se enfrían. No debe suceder lo mismo con la discusión.